«

»

Análisis de la Mesa de Cooperativas de Ahorro y Crédito sobre proyecto de inclusión financiera

Documento analítico sobre los temas específicos del proyecto que afectan al sistema cooperativo, y propuesta de cambios

CONSIDERACIONES DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INCLUSIÓN FINANICERA POR PARTE DE LAS ENTIDADES COOPERATIVAS de AHORRO Y CRÉDITO DE CAPITALIZACIÓN

Seguidamente se analizan de forma sucinta los principales aspectos perjudiciales del referido Anteproyecto, dado el escaso tiempo otorgado – 48 horas -, respecto del sistema cooperativo de ahorro y crédito.

Se adelanta que los artículos cuya modificación o supresión se sugieren, en su mayoría,
cada uno por sí solo, darían extinción al sistema cooperativa de ahorro y crédito, con las consecuencias económicas y sociales consabidas y que más adelante se detallan.

Evidentemente, en el Anteproyecto, no se tuvieron en cuenta los principios, valores, filosofía y normativa específica de reciente aprobación del cooperativismo en nuestro país y en el mundo, como parte de la economía social y solidaria.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que el cooperativismo, está de acuerdo con los objetivos de inclusión financiera y la mayor transparencia en las operaciones financieras, así como en la democratización del acceso a los servicios financieros por parte de la población.

No obstante, entendemos que los instrumentos elegidos para ese propósito afectan gravemente a las cooperativas de forma innecesaria, por lo cual es que proponemos las modificaciones siguientes en el entendido de que las cooperativas podemos y debemos participar de este proceso.

I.- Imposibilidad de las CAyCC de ser Instituciones Emisoras de Instrumentos de Valor Electrónico
De acuerdo con el art. 5 del anteproyecto, los emisores de instrumentos de valor electrónico no pueden otorgar créditos, pese a que uno de los argumentos que ha manejado el Ministerio de Economía como beneficio de este anteproyecto al sector cooperativo, es incluirlo como posible emisor de este tipo de instrumentos. Al determinar que los emisores no pueden otorgar créditos y que deben tener objeto exclusivo, se establece la imposibilidad de que las cooperativas de ahorro y crédito puedan ser emisores de valores electrónicos.
Entendemos que las CAyCC deben tener la posibilidad de ser Instituciones Emisoras de Instrumentos de Valor Electrónico, ya que no se advierte cuáles serían los riesgos para estas entidades de realizar actividad crediticia, dado que los fondos destinados al pago de salarios constituyen un patrimonio de afectación independiente, conforme con el art. 4 inc. Final proyectado.

Propuesta Redacción art. 5: Artículo 5 (Objeto exclusivo). Las instituciones emisoras de instrumentos de valor electrónico, tendrán como objeto exclusivo el indicado en el artículo 3 de la presente ley, pudiendo efectuar las demás actividades conexas que el Banco Central del Uruguay les autorice o exija de acuerdo con sus facultades, no pudiendo en ningún caso realizar actividades de intermediación financiera ni otorgar créditos. Quedan exceptuadas de las exigencias de este artículo las cooperativas de ahorro y crédito

II.- Exclusión de las CAYCC en la prioridad en las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades frente a la banca privada

El artículo 30 establece a través del agregado del literal f), que los créditos de nómina (que serán dados en su casi totalidad por bancos privados) tengan un orden de preferencia superior a los créditos que otorguen las cooperativas, cambiando el sistema actual de retenciones en el que no figuran los bancos privados y que ha sido prácticamente el único instrumento de fomento y protección de las cooperativas de consumo y ahorro y crédito desde hace décadas.
De mantenerse la norma en la redacción proyectada, se produciría la desaparición del sistema cooperativo de consumo y de ahorro y crédito que implican el 90% del movimiento cooperativo en cuanto a número de socios.

Ello implicaría además, la pérdida de miles de puestos de trabajos directos e indirectos, centeneras de aportantes a la Caja Bancaria, la pérdida de recursos del INACOOP, la exclusión financiera de las personas de más bajos recursos, y la pérdida del capital social aportado por miles de socios, entre otras consecuencias nefastas.
La prioridad otorgada también deja de lado las retenciones del sistema cooperativo de vivienda.
Por las razones ya explicadas sobre los privilegios que esto supone para la banca extranjera y el deterioro que produce en el sector cooperativo nacional, se solicita que las cooperativas de consumo, vivienda y de ahorro y crédito sean incluidas antes que los créditos de nómina, en ese mismo artículo 1o.

Propuesta de Redacción art. 30: Artículo 30 (Prioridad en las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades). Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, en la redacción dada por los artículos 7º de la Ley Nº 17.940, de 2 de enero de 2006, 138 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, 5º de la Ley Nº 18.222, de 20 de diciembre de 2007, 1º de la Ley Nº 18.358, de 26 de setiembre de 2008, 82 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, modificativas y concordantes, por el siguiente:
“ARTÍCULO 1º. En las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades tendrán
prioridad las dispuestas por Juez competente destinadas a servir pensiones alimenticias, y
luego, por su orden, las siguientes:
a) retenciones por concepto de servicio de garantía de alquileres provisto por la Contaduría
General de la Nación o por cualquier otra entidad habilitada al efecto;
b) cuota sindical;
c) cuotas correspondientes a créditos otorgados por la División Crédito Social del Banco de
la República Oriental del Uruguay;
d) cuotas correspondientes a créditos concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay, la
Agencia Nacional de Vivienda y la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda
Rural Insalubre (M.E.V.I.R.);
e) cuotas correspondientes a la contratación de seguros de vida colectivos con el Banco de
Seguros del Estado u otras compañías de seguros autorizadas a funcionar por el Banco
Central del Uruguay;
f) retenciones dispuestas por las instituciones a que refiere el artículo 2º de la presente ley.
g) cuotas correspondientes a Créditos de Nómina otorgados por las instituciones habilitadas
a tales efectos.
Quedan incluidas dentro de lo previsto en el literal d) anterior las retenciones solicitadas por
el Ministerio de Defensa Nacional derivadas de los préstamos con destino a vivienda
otorgados al personal del Inciso en actividad, retirados, pasivos y pensionistas.
En caso de concurrencia de operaciones en un mismo nivel de prioridad, prevalecerá la
operación comunicada con anterioridad ante la empresa o a la entidad obligada a retener.”
Lo dispuesto en el presente artículo regirá a partir del primer día del mes siguiente al año a contar desde la vigencia de la presente ley.

III.- Tope de Tasa

A los efectos del descuento de nómina el tope de la tasa está regulado en el art. 28, por lo que no es necesario lo dispuesto en el art. 31 que termina impactando solamente en los préstamos otorgados por CAYCCs, reduciéndoles ostensiblemente la tasa de interés, pese a que actualmente las CAYCCs prestan en una tasa sensiblemente menor a las administradoras de créditos (aproximadamente 50 puntos menos según surge de las publicaciones del BCU).
Ello indudablemente impactaría en la viabilidad de las CAYCCs, con lo cual se sugiere la eliminación de la modificación proyectada.
Se debe remarcar que promedialmente las CAYCCs prestan a tasas de interés similares al BROU.
La tasa media de interés fijada por el BCU en definitiva, si el proyecto es exitoso, tenderá a bajar, bajando también la tasa de las CAYCCs.

Propuesta de Redacción: eliminar el texto proyectado.

Mínimo intangible

A efectos de contemplar el fiel cumplimiento de las operaciones de crédito ya pactadas se propone que el aumento del mínimo intangible al 40%, se efectúe sobre las operaciones concertadas a partir del 1 de enero de 2016, dado el alto impacto que esta medida tendría para las CAYCCs y su viabilidad.

Asimismo, se entiende inviable el aumento al 50% del intangible respecto de las CAYCCs.
Cabe expresar que el artículo lleva al cambio de las reglas de juego y en la práctica a un mayor endeudamiento de los sectores de menores recursos, por cuanto sólo podrán acudir a las administradoras de créditos a tasas de prácticamente el doble, y porque además incurrirán automáticamente en impagos.

A su vez, respecto de esos sectores, la única garantía que tienen es su salario, por lo que se les dificultará enormemente acceder al crédito.

Asimismo, la mora de los socios perjudicará inmediatamente los resultados de las cooperativas afectando balances, previsiones, comprometiendo el capital integrado por los socios, quitando posibilidad de prestar, entre otros aspectos.

Propuesta de Redacción: Artículo 32 (Mínimo intangible). Sustitúyase el artículo 3º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 107 de la Ley Nº 18.083, de 18 de enero de 2007, por el siguiente:
“ARTÍCULO 3º. Ninguna persona física podrá percibir por concepto de retribución salarial o
pasividad una cantidad en efectivo inferior al 30% (treinta por ciento) del monto nominal,
deducidos los impuestos a las rentas, y sus correspondientes anticipos, y las contribuciones
especiales de seguridad social. Dicho porcentaje se elevará, a partir del 1º de enero de 2016,
a 40% (cuarenta por ciento) para las operaciones concertadas con posterioridad a dicha fecha”.

VI.- Prohibición de condicionamiento en la oferta de productos y servicios financieros y
no financieros

El artículo proyectado no contempla la realidad de las cooperativas que operan mayormente con socios, no ofertan productos no financieros, sino que brindan beneficios y servicios adicionales y cobran indefectiblemente una cuota social módica dado que es la forma de capitalizar a las cooperativas y de financiar así razonablemente sus servicios.

Por otra parte, tales aspectos se encuentran regulados en la ley de sistema cooperativo 18.407 y en la Ley 18.212.

Este artículo también impacta directamente en la viabilidad de las cooperativas.
Por tanto se propone la modificación del inciso final del art. 72.

Propuesta: Artículo 72 (Prohibición de condicionamiento en la oferta de productos y servicios financieros y no financieros). Las entidades que ofrezcan productos y servicios financieros de cualquier especie, no podrán condicionar su prestación a la contratación de otros servicios o productos de carácter no financiero, provistos por la misma entidad o por un tercero, ni ofrecer un mejor precio por los primeros, u otro beneficio, si contrata también los segundos.

Deberán además informar en todas las ofertas y previamente a la contratación:
a) el derecho del consumidor de contratar únicamente los productos y servicios financieros sin
necesidad de contratar otros servicios o productos no financieros, y viceversa;
b) el monto de la cuota y el monto total a abonar por capital, actualizaciones, intereses,
compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos vinculados a la contratación de los productos y servicios financieros, o a la de servicios o productos no financieros en su caso.
La información deberá brindarse por escrito, en caracteres destacados y en documento único e
independiente, y en caso de contratación, el consumidor deberá firmar el documento, indicando
expresamente si opta por contratar solamente los productos y servicios financieros o también otros servicios o productos no financieros.
En caso de infracción a las obligaciones previstas en este artículo, los montos abonados por el
consumidor por los servicios o productos no financieros serán computados íntegramente para el cálculo de la tasa de interés implícita a efectos de la determinación de la existencia de intereses usurarios.

Este artículo no será de aplicación a las cooperativas de ahorro y crédito y a las cooperativas de consumo, las que se regirán por la Ley 18.407, y artículo 16 de la Ley N° 18.212, de 5 de diciembre de 2007.

VII.- Operaciones de crédito realizadas por cooperativas y asociaciones civiles

Lo establecido en el art. 73 del Anteproyecto, está regulado por la Ley 18.212, art. 16 y controlado para las cooperativas por la AIN y el INACOOP, en experiencias que no han dado dificultades prácticas ni desvíos, por lo que se sugiere su eliminación y mantener la redacción actual.

Hay claramente, en la redacción propuesta una evidente confusión ya que se incluye al capital a efectos del cómputo de la tasa de interés, cuando son conceptos totalmente distintos.

Los aportes sociales o capital integrado son una forma de ahorro obligatorio establecido en la ley cooperativa – y no un cargo – que hasta el momento no estaba limitado por ninguna ley, es un derecho del socio integrar capital en su cooperativa, y sería muy perjudicial limitarlo, quitándole la posibilidad a las cooperativas de obtener financiamiento de sus propios socios.

Ya en la ley 18.212 se establece que las cuotas sociales deben mantener una razonable equivalencia con las prestaciones que se otorgan a cambio a juicio de la propia AIN.

Ello ha sido un instrumento de vital importancia para las cooperativas con la finalidad de financiar servicios que brindan a sus socios a los cuales de otra manera estos últimos no tendrían acceso.

Propuesta: eliminar el artículo proyectado.

VIII.- Envío de información sobre cumplimientos e incumplimientos a entidades de informes comerciales

El artículo 76 propuesto obliga a las CAYCC a informar su base positiva a Equifax si desea obtener información de incumplimientos de pago, lo cual además tiene un costo.

Ello implica una violación a la normativa reciente sobre datos personales, Ley 18.331, y puede ameritar ejercicio de competencia desleal, dejando los datos de miles de personas obligatoriamente en manos de una empresa que ejerce un monopolio de hecho.

Cabe dejar constancia que dicha empresa ha sido objeto de una reciente sanción en vía administrativa y ratificada por el TCA, por manejo indebido de datos obtenidos de terceros.